La población de Suiza está alcanzando máximos históricos. El auge económico impulsa un notable aumento de la inmigración. Aunque esto afianza la prosperidad, también genera problemas. ¿Estaremos pronto al borde de la saturación?
Actualmente viven más de nueve millones de personas en Suiza: tres veces más que a principios del siglo XX. Tras la Segunda Guerra Mundial, el auge demográfico se debió a una elevada tasa de natalidad; pero a partir de este milenio ha sido la inmigración la que ha impulsado la demografía. Desde 2002, los trabajadores del Espacio Económico Europeo tienen derecho a ocupar un empleo en Suiza y traer a su familia. A cambio, la introducción de la libre circulación de personas, acordada con la Unión Europea (UE), también ha permitido a los suizos establecerse y trabajar en la UE. Entretanto, han llegado a ser más de 530 000 los suizos que residen en otro país europeo.
La apertura del mercado laboral provocó una fuerte inmigración hacia Suiza: desde principios de los años 2000, la población ha crecido en dos millones de personas y supera hoy los nueve millones. En total, 2,4 millones de extranjeros viven en Suiza, lo que representa aproximadamente el 26 % de la población del país. Dos tercios de los extranjeros proceden de un país europeo, principalmente de Italia, Alemania, Portugal y Francia.
Según las proyecciones de la Oficina Federal de Estadística, Suiza tendrá 10 millones de habitantes en 2040, y 10,5 millones en 2055. Este escenario de referencia se basa en la hipótesis de que la inmigración se mantendrá en los niveles actuales. La economía necesita contratar nueva mano de obra, porque en los próximos años habrá más personas que se jubilen que las que se incorporen al mercado laboral. La inmigración mitiga el envejecimiento de la sociedad, aunque no puede detenerlo por completo. A día de hoy, los mayores de 65 años representan alrededor del 20 % de la población total, y este porcentaje aumentará hasta el 25 % de aquí a 2055.
Los trabajadores inmigrantes son el motor de la economía, pagan impuestos y sostienen la financiación de las pensiones. No obstante, el rápido crecimiento de la población también causa descontento: se ha llegado incluso a hablar de “estrés demográfico”. Las consecuencias de este fenómeno son especialmente visibles en los grandes centros urbanos, donde se agrava la escasez de viviendas. En la densamente poblada Meseta Central (entre los lagos de Ginebra y de Constanza), donde viven cerca de dos tercios de la población total, quienes se desplazan diariamente al trabajo se ven confrontados en horas punta con atascos en las carreteras o tienen que viajar en trenes, autobuses y tranvías abarrotados. Ante esta situación, los responsables políticos no se quedan de brazos cruzados: el Consejo Federal prevé invertir más de 40 000 millones de francos en la red de transporte de aquí a 2045.
Para la Unión Democrática del Centro (UDC), este crecimiento demográfico “descontrolado” ha llegado demasiado lejos. El 14 de junio de 2026, su iniciativa “¡No a una Suiza de 10 millones!” se someterá a votación. En concreto, su propuesta pretende introducir una cláusula constitucional en virtud de la cual la población residente permanente no podrá superar los diez millones antes de 2050. Además, plantea que una vez alcanzado el umbral de 9,5 millones, las autoridades deberán tomar medidas para reducir drásticamente la migración. Según las previsiones de la Oficina Federal de Estadística, este umbral podría alcanzarse ya en los próximos cinco a diez años. En última instancia, la iniciativa de la UDC apunta a revocar el acuerdo de libre circulación de personas con la UE en caso de que, una vez superado el límite, no se pueda “negociar o invocar ninguna cláusula de excepción o salvaguardia”.
Hace seis años, el electorado suizo rechazó claramente (con 57 % de votos en contra) la iniciativa de la UDC “Por una inmigración moderada”, que proponía revocar la libre circulación de personas. En 2014, sin embargo, el partido antiinmigración obtuvo un éxito relativo en las urnas con su iniciativa “Contra la inmigración masiva”, aprobada por un muy escueto 50,3 % de votantes. Pero al final, no llegó a aplicarse plenamente esa demanda de un límite máximo: el Gobierno y el Parlamento no quisieron correr el riesgo de provocar una ruptura con la UE y prefirieron apostar por un mejor aprovechamiento del potencial de la mano de obra disponible en el país.
Desde el punto de vista de las autoridades, la iniciativa de la UDC en contra de una “Suiza de 10 millones” representa una amenaza para las relaciones bilaterales: la rescisión de la libre circulación de personas dejaría sin efecto los demás acuerdos, lo que afectaría también a los suizos residentes en la UE, ya que su derecho de residencia está sujeto a la libre circulación.
El Consejo Federal y la mayoría del Parlamento, así como las asociaciones empresariales y los sindicatos, se oponen a esta iniciativa “radical”, que amenazaría el empleo y el bienestar de Suiza. El Gobierno reconoce que la inmigración y el crecimiento demográfico suponen “desafíos” para Suiza, especialmente en el ámbito del mercado inmobiliario, por lo que planea destinar más fondos públicos a la construcción de viviendas de alquiler asequible.
Desde el punto de vista de la política europea, la votación del 14 de junio de 2026 interviene en un momento delicado. En marzo, el Consejo Federal y la Comisión Europea firmaron, tras largas negociaciones, un nuevo paquete de acuerdos (véase Panorama 2/2025), que renueva y amplía los acuerdos bilaterales anteriores, además de incluir una “cláusula de salvaguardia” que permitiría a Suiza restringir unilateralmente la inmigración en caso de “graves problemas económicos o sociales”. ¿Cuándo y cómo se activaría este mecanismo? La pregunta sigue abierta y sin duda dará mucho que hablar. Tras el Parlamento, que aún debe ratificar los acuerdos, será el electorado el que tendrá la última palabra, probablemente en 2028.
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