El Consejo Federal pretende prohibir a las parejas suizas adoptar niños en el extranjero. Argumenta que solo de esta manera se podrán evitar las prácticas ilegales. Esta propuesta ha desatado un acalorado debate.
Desde los años cincuenta, prevalecía en Suiza la creencia de que las parejas que optaban por adoptar un niño le brindaban la oportunidad de tener una vida mejor, sobre todo si este niño procedía de un país pobre y de un entorno aparentemente desfavorecido. Esta concepción de la adopción como acto humanitario se mantuvo intacta durante mucho tiempo, señala Andrea Abraham, Profesora en la Escuela Superior de Ciencias Aplicadas de Berna (BFH, por sus siglas en alemán). Los informes que alertaban sobre circunstancias sospechosas en torno a ciertas adopciones apenas influían en el debate público. A diferencia de lo ocurrido en otros países, en Suiza la comunidad científica no se interesó por este tema hasta hace unos años, menciona Andrea Abraham: “Esto resulta sorprendente, si consideramos que la adopción tiene un impacto considerable en los niños implicados”.
El hecho de que en la actualidad las adopciones internacionales sean objeto de un debate crítico se debe principalmente a Sarah Ineichen. En 1981 llegó desde la lejana Sri Lanka al cantón de Nidwalden, siendo bebé. Cuando ya de mayor empezó a interesarse por sus orígenes, se percató de que los datos sobre su procedencia no eran correctos. Viajó al lugar donde había nacido; pero en vez de encontrarse con la persona que le había dado la vida, se halló frente a una mujer que tan solo había cedido su apellido como requisito para los documentos. “A día de hoy sigo sin saber quién es mi madre biológica”, cuenta a sus 44 años de edad. No sabe por qué fue dada en adopción, ni si se trató de un acto voluntario: “Este profundo dolor me acompañará hasta la muerte”, afirma.
Sarah Ineichen fue una de las primeras en denunciar públicamente estas irregularidades, en 2017. Junto con otras personas afectadas, fundó la asociación “Back to the roots”. Según ella, los recién nacidos eran separados de sus madres y desarraigados. También señala que los hospitales incluso sustraían los hijos sanos a las mujeres para entregarlos a los padres adoptivos, haciéndoles creer que sus bebés habían muerto: “Se buscaban niños para los padres, y no al revés”.
El apremiante deseo de tener hijos por parte de las parejas occidentales influyó en los procesos de adopción internacional: este hecho no solo ha sido corroborado por las indagaciones de Andrea Abraham, sino también por otras muchas investigaciones. Estos estudios han documentado prácticas ilegales en once países de origen entre 1973 y 2002; además, aportan indicios sobre tráfico de infantes, falsificación de documentos, falta de consentimiento de las madres biológicas y funcionarios suizos que hacían la vista gorda ante las infracciones sistemáticas de la ley. Durante esos años se adoptaron unos 700 bebés en Sri Lanka y unos 2 280 en la India. En ambos países había orfanatos y refugios para mujeres, que colaboraron a gran escala con agencias internacionales de adopción. Estos establecimientos permitían a las futuras madres llevar a término su embarazo y dar a luz de manera clandestina; atendían especialmente a embarazadas que se enfrentaban al rechazo social, bien porque no tenían recursos o perspectivas para contraer matrimonio, o bien porque habían sido violadas. A menudo se ocupaban también de la documentación requerida y organizaban la entrega de los recién nacidos a los padres adoptivos, que en su mayoría procedían de países privilegiados.
A partir de 1973, debido a ciertos cambios sociales y legales, cada vez más parejas suizas comenzaron a viajar al extranjero, donde podía cumplirse más fácilmente su deseo de tener un hijo. Esto apenas se cuestionaba. Como indica un informe elaborado por expertos, “al igual que ocurre hoy en día con la medicina reproductiva, la actitud socialmente aceptada era que los padres adoptivos tenían, en principio, derecho a tener un hijo”. Y este interés personal solía legitimarse con la idea de caridad arriba mencionada.
Ahora, la Confederación y los cantones tienen que asumir su responsabilidad, afirma Sarah Ineichen. “Durante décadas toleraron y hasta facilitaron el tráfico de bebés”. No protegieron lo suficiente a los menores y sus familias biológicas de la explotación. Y ahora, toda una generación de personas adoptadas sufre las consecuencias, añade. “Exigimos que se disculpen por las injusticias cometidas y que ofrezcan un apoyo específico para investigar nuestros orígenes”. Para esclarecer los documentos falsificados, por ejemplo, es necesario realizar pruebas de ADN en los países de origen, subraya Ineichen.
Descubrir que los datos sobre las primeras semanas de la vida son vagos, confusos o falsos es extremadamente estresante, afirma Andrea Abraham. Las personas afectadas deben vivir con preguntas sin respuesta, lo cual, a su vez, repercute en su identidad y su sentimiento de pertenencia. “En Suiza hay miles de adultos en esta situación”.
El Consejo Federal desea prohibir las adopciones internacionales. “No hay otra manera para erradicar las prácticas abusivas”, argumenta el Ministro de Justicia, Beat Jans. Controlar los procedimientos en los países de origen es extremadamente difícil y costoso, refiere. Y añade: Si bien ya se han logrado notables avances, en parte gracias al Convenio de La Haya de 2003 relativo a la Adopción Internacional, el sistema tiene sus límites. El Consejo Federal quiere concretar sus planes para finales de 2026. La prohibición no entrará en vigor antes de 2030.
Las personas afectadas directamente se oponen rotundamente a este proyecto. El Consejero Nacional Nik Gugger, del Partido Evangélico Suizo, adoptado de pequeño en la India, declara: “Sin la adopción internacional, probablemente nunca habría crecido en una familia llena de afecto”. Con el objeto de evitar una prohibición general, lanzó una petición y reunió más de 10 000 firmas en un mes. Con el Convenio de La Haya, explica Gugger, ya se han introducido normas de protección eficaces; además, pide que se impongan requisitos estrictos a los países de origen y se garantice un acompañamiento competente en Suiza. “Las prácticas de antaño ya no son posibles”, afirma Stefan Müller-Altermatt, padre de un niño de Armenia y Consejero Nacional del Centro. En la actualidad, es imprescindible que la documentación esté completa y transparente.
Para las suizas y suizos residentes en el extranjero, la reforma no supondrá ningún cambio: “Podrán seguir adoptando conforme a las leyes de su país de residencia”, explica Joëlle Schickel-Küng, de la Oficina Federal de Justicia, porque, en principio, Suiza reconoce las adopciones extranjeras realizadas en el país de residencia de la persona que adopta.
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