Cuando Suiza encarcelaba a los pobres y a los inadaptados

La “justicia administrativa” es “lo más indignante que pueda imaginarse”, opinaba en 1939 un testigo de su época al que, ochenta años después, citaría la Comisión Independiente de Expertos (CIE): el escritor bernés y reformador Carl Albert Loosli. Los delincuentes, denuncia Loosli, tienen derecho a un juicio, no así las personas internadas por las autoridades de asistencia social y otras instancias administrativas. Además, en las instituciones suizas “existen esclavos del Estado, cuyo cuerpo y vida están a merced de las autoridades”. Y lo más sorprendente es que a nadie parece importarle.

Loosli, hijo ilegítimo de una campesina, fue internado siendo joven en un centro de readaptación social. Durante mucho tiempo no se prestó atención a voces críticas como la suya. No fue hasta 1981 cuando los cantones anularon sus leyes sobre el internamiento administrativo y el gobierno federal reformó el Código Civil. Entretanto, el sistema de asistencia social se había profesionalizado y, a raíz del 68, la sociedad se había vuelto más liberal. Sin embargo, el factor decisivo fue la presión internacional: la práctica de arrebatar la libertad a adultos jóvenes y mayores no estaba en consonancia con la Convención Europea de Derechos Humanos que Suiza había ratificado.

La “casa de la otra Suiza”

Encarcelados pese a ser inocentes, los afectados no fueron rehabilitados, y al principio callaron por vergüenza. “Teníamos el estigma de ‘presos’, aunque nunca fuimos delincuentes”, dice Ursula Biondi, de 69 años. Siendo una mujer joven, fue encarcelada para ser reeducada en el correccional de Hindelbank —un “internamiento administrativo” como solía decirse en el ámbito burocrático (véase página 14)—. Después del cambio de siglo, algunos valientes como Biondi empezaron a contar sus historias, los medios se hicieron eco y el asunto llegó finalmente a la agenda política. Entre 2011 y 2016, el Consejo Federal se disculpó dos veces, se promulgó una ley de rehabilitación y el Parlamento decidió conceder una indemnización de solidaridad a los afectados. Además de las víctimas de internamientos administrativos, otras personas también exigen que se reconozca su sufrimiento y se les indemnice: quienes fueron internados por la fuerza en hogares de acogida o en familias ajenas, así como las personas esterilizadas en contra de su voluntad (Panorama Suizo, 5/2018).

El Consejo Federal creó la CIE para investigar los internamientos administrativos, una labor a la que se dedican más de treinta investigadores. Tras cuatro años de trabajo, en los últimos meses la Comisión ha publicado diez tomos que incluyen retratos de los afectados. Este otoño presentó su informe final y recomendó otras medidas de reparación, que incluyen desde prestaciones financieras adicionales para las víctimas, hasta la sugerencia de crear una “casa de la otra Suiza” para dar a conocer los hechos. Estas recomendaciones fueron recibidas por la Ministra de Justicia, Karin Keller-Sutter. Queda pendiente la decisión de prorrogar o no el plazo vencido para la indemnización de solidaridad de 25 000 francos por persona, lo que permitiría que más afectados pudieran solicitarla, como aquellos que viven en el extranjero y no han podido cumplir el plazo.

Represión en el Estado de derecho

El informe de la comisión de expertos, que abarca cuatrocientas páginas de datos históricos, ha obligado al país a encarar su pasado. Y hay que decirlo: para personas al margen de la sociedad como los pobres o inadaptados, hasta hace poco Suiza era un lugar incómodo, e incluso represivo. Había ciudadanos de segunda clase, y sólo a unos pocos les preocupaba. A continuación, ofrecemos un resumen de los principales hallazgos de la CIE:

• Al menos 60 000 personas fueron sometidas a internamientos administrativos en el siglo XX, en un total de 650 instituciones. Este número, mayor de lo esperado, significa que el internamiento administrativo no era algo inusual, al margen del derecho penal suizo, sino que era parte del mismo sistema.
• La justicia administrativa arremetía principalmente contra la clase baja: pobres y marginados sin trabajo, sin relaciones sociales o familiares. Pero también se detenía a algunas minorías como los yeniches y, tras la Segunda Guerra Mundial, también a jóvenes rebeldes.
• Las decisiones de internamiento las tomaban las autoridades del sistema de milicia: concejos municipales, comisiones municipales de bienestar social o tutores legales. Quienes determinaban, después de su jornada de trabajo, el destino de sus conciudadanos eran comerciantes, amas de casa o contables, lo mismo que miembros del gobierno cantonal y alcaldes. Sus decisiones, fundamentadas en el bienestar, la educación o la protección de la sociedad, seguían valoraciones morales como la división tradicional de los sexos. A los hombres, que representaban el 80 %, se les reprochaba no querer trabajar o ser alcohólicos; a las mujeres, el libertinaje.
• Algunas de las numerosas instituciones suizas tenían múltiples funciones. Así, las víctimas de internamiento administrativo podían convivir con delincuentes, o se les internaba en instituciones de trabajos forzados, colonias de trabajo, sanatorios para alcohólicos y albergues de indigentes. En esas instituciones, dotadas de escasos recursos y poco controladas, los hombres trabajaban físicamente al aire libre, mientras que las mujeres realizaban labores domésticas. Quienes hacían trabajos forzados recibían una pequeña paga o ninguna.
• A menudo, los afectados padecían los traumas de su internamiento por el resto de sus días. Algunos acabaron destruidos, otros se marcharon al extranjero o viven hasta la fecha en la miseria. Las autoridades no lograron su objetivo de integrar en la sociedad a estas personas “vulnerables”. De hecho, los internamientos agravaron los problemas y la marginación.

Ya entonces era una injusticia

Hoy en día, esas violaciones de la libertad personal nos parecen desproporcionadas y esos métodos de bienestar social, brutales; pero eran otros tiempos y los internamientos administrativos se fundamentaban en la ley. ¿Acaso se han convertido en una injusticia a posteriori? “-No”, responde la comisión. Las leyes sobre el internamiento administrativo anularon derechos básicos vigentes y principios del Estado de derecho. Las personas eran encerradas por tiempo indefinido, sin haber sido escuchadas y a menudo sin una orden válida. En muchos lugares no se podía recurrir a un tribunal independiente. Además, las leyes eran ambiguas, por lo que las autoridades podían darles una interpretación muy flexible. Aunque al principio los internamientos en instituciones fueron para el Estado una forma económica de gestionar la pobreza, en el transcurso del siglo XX se convirtieron en instrumentos de control social. En todo el país se sabía que quienes se apartaban del buen comportamiento corrían el riesgo de ser sometidos a internamientos administrativos. Pero quienes intervenían no eran sólo las autoridades: muchas veces las medidas se iniciaban por petición de familiares, vecinos, párrocos o profesores, señalan los expertos, quienes hablan de “prácticas de marginación que estaban profundamente arraigadas en la sociedad suiza”.

Es por esto que esas leyes estuvieron vigentes durante tanto tiempo. También contribuyó el retraso sociopolítico de Suiza, pues la seguridad social se introdujo más tarde que en otros países europeos. En todo caso, hoy está comprobado: la imagen que Suiza tiene de sí misma, como el país de los geranios, del bienestar, de la libertad y de la democracia directa, debe completarse con la otra cara de la moneda. Es importante recordar lo ocurrido, señala Thomas Huonker, miembro de la CIE y uno de los primeros historiadores que investigaron estas medidas de coerción. Huonker recalca: “Así como la hermosa historia de Guillermo Tell se cuenta una y otra vez, debe contarse una y otra vez la oscura historia de las medidas coercitivas con fines de asistencia social”.

Luchando por obtener justicia

Ursula Biondi tenía 17 años cuando, en 1967, fue internada en el correccional de Hindelbank. No había cometido ningún delito, pero la Agencia Tutelar de Zúrich la internó en un “centro de reeducación cerrado” al quedarse embarazada siendo menor de edad. Antes, la joven había estado en un internado para señoritas del cual escapó varias veces. En casa tenía frecuentes altercados con sus padres por sus salidas y sus gustos en cuestión de moda y de música. El padre, de raíces italianas, no quería llamar la atención porque había solicitado la nacionalidad suiza, y por eso sus padres aceptaron que volviera a ser internada. Pero no sabían que el “centro de reeducación” era una cárcel de mujeres, en la que también había delincuentes. Ursula no pudo hacer allí ninguna formación profesional y, cuando dio a luz a su hijo, las autoridades se lo quitaron y la forzaron para que lo diera en adopción, a lo que ella se negó. Le devolvieron el bebé tres meses más tarde. Después de un año en Hindelbank, donde realizaba trabajo forzado en la lavandería, se le concedió la libertad en 1968. Se mudó al anonimato de Ginebra, donde formó una familia y se estableció profesionalmente como informática en una organización de la ONU, además de trabajar en el ámbito social. “Tuve suerte”, dice, “y trabajé duro para ganármela”. Cuenta que estuvo muy traumatizada y durante mucho tiempo tuvo miedo de que se descubriera que había estado internada en Hindelbank. La injusticia vivida no le dejaba paz. En 2002, Ursula Biondi publicó su autobiografía, que fue retomada por la revista “Beobachter”. Después, Biondi luchó durante años en primera fila por la reconsideración y reparación de los “internamientos administrativos”, un término que advierte como eufemístico: “En realidad, se trata de una espantosa arbitrariedad de las autoridades”. Aunque el informe de la comisión de expertos haya cumplido su objetivo, algo molesta aún a esta comprometida mujer, a la que la Universidad de Friburgo otorgó el doctorado honoris causa en 2013. Debido a la rehabilitación tardía de los “internados”, las generaciones siguientes nunca tomaron conciencia de las libertades por las que se tuvo que luchar. “A nosotros nos encerraban por vivir de una manera que hoy resulta totalmente aceptable”. Para que los jóvenes de hoy estén alerta ante cualquier arbitrariedad estatal, Biondi imparte conferencias en colegios.

Huida a la Legión Extranjera

Peter Paul Moser tenía 21 años cuando, en 1947, la autoridad tutelar de los Grisones lo internó por orden administrativa en la colonia de trabajo de Herdern, en el cantón de Turgovia. El joven no entendió el porqué de esa abusiva medida, pues había trabajado como ayudante de feriantes y, anteriormente, en una fábrica. Pero, como yeniche, ya había tenido contacto con las autoridades desde pequeño. De niño fue arrebatado de su familia e internado en un orfanato por la organización de ayuda Pro Juventute “Kinder der Landstrasse” [Los niños de la carretera], cuyo objetivo era convertir a los hijos de los viajantes en ciudadanos sedentarios. Después, su tutor Alfred Siegfried, director de dicha organización, lo entregó a una familia de acogida en una granja. Siegfried había sido condenado por pedofilia, lo que deja al descubierto una increíble doble moral. En su autobiografía de tres tomos, Peter Paul Moser escribiría más tarde: “Con la separación de la familia empieza la persecución de un miembro de una minoría étnica: injerencia en la esfera privada, discriminación, privación de libertad, detención correctiva, internamiento en colonias de trabajo e incluso en un sanatorio cerrado, con el afán de exterminar a un grupo étnico entero”. Con la ayuda de su empleador, logró escapar temporalmente en 1947 e, impulsado por el miedo, cruzó la frontera suiza por Ginebra para alistarse en la Legión Extranjera en Annecy. Pero la policía lo llevó de vuelta a Suiza y las autoridades lo internaron de nuevo en la colonia de trabajo. Moser volvió a huir, consiguió trabajo en una fábrica de máquinas, hasta que aquel tutor hizo que lo apresaran y lo encerraran en la cárcel de Bellechasse, en el cantón de Friburgo, donde describe las condiciones como inhumanas. Tras su excarcelación, su tutor lo destinó a una granja y le prohibió contraer matrimonio. Peter Paul Moser logró librarse de la tutela en la década de 1950 y finalmente formó una familia. Después, luchó con la fundación “Naschet Jenische” para que los hijos de viajantes separados a la fuerza de sus familias obtuvieran reparación de los daños sufridos. Moser vivió para ver al Consejo Federal pedir disculpas a los yeniches en 1986, pero no para obtener su rehabilitación por la detención correctiva. Murió en 2003, a los 77 años, de un infarto cardíaco.

Los diez tomos de la comisión de expertos están disponibles gratuitamente online en www.uek-administrative-versorgungen.ch