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  • Política

Las multinacionales ante sus responsabilidades

16.09.2020 – Theodora Peter

¿Deben las grandes compañías suizas responder por los daños a las personas y al medioambiente que hayan causado en otros países? Es lo que exige la iniciativa “Multinacionales responsables”, presentada en 2016. Después de años de tira y afloja en el Parlamento, el pueblo se pronunciará al respecto el 29 de noviembre.

En Zambia, los vecinos de una mina de cobre padecen enfermedades de las vías respiratorias por la presencia de nubes de gases sulfurosos. En Australia, uno de cada cuatro niños de la ciudad minera de Mount Isa presenta niveles excesivos de plomo en la sangre. En ambos casos se trata de empresas cuyo propietario mayoritario es el grupo suizo Glencore. En la mina de cobre de Zambia se superaron con creces los valores de referencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Entretanto, el antiguo horno de fundición está fuera de servicio. Glencore afirma que todas sus empresas han hecho mucho para reducir la carga de sustancias nocivas. En Australia, el grupo financió anuncios de televisión para mostrar a la población local cómo eliminar el polvo contaminado de sus viviendas. Pero, según afirman los críticos, esto sólo combate los síntomas.

Otros consorcios suizos de materias primas también han sido objeto de reiteradas críticas por sus prácticas comerciales. Por ejemplo, no se puede descartar que el oro bruto refinado en Suiza provenga de minas dudosas, con condiciones de trabajo que atentan contra los derechos humanos (véase Panorama 3/2019).

Dick Marty: Las grandes empresas sólo se comportarán como es debido “cuando las violaciones de los derechos humanos sean sancionadas”.

Mediante la iniciativa “Por empresas responsables – para proteger al ser humano y al medio ambiente” (conocida, de forma más sucinta, como la iniciativa “Multinacionales responsables”), una alianza de 120 organizaciones de beneficencia, instituciones religiosas, sindicatos y organizaciones medioambientales y de derechos humanos, pretende exigir mayor responsabilidad a los grupos multinacionales con sede en Suiza. Esto afectaría a casi 1500 empresas.

Los grandes grupos no sólo deberían someterse a un proceso de diligencia debida, sino responder además por los daños que ellos, o las empresas que controlan, hayan causado por vulnerar los derechos humanos o las normativas medioambientales. Concretamente, los perjudicados podrían reclamar daños y perjuicios ante un tribunal civil suizo. Y para no tener que responder por los cargos que se le imputen, la empresa debería demostrar que ha hecho todo lo posible para cumplir con su obligación de diligencia debida.

Andrea Gmür: La iniciativa despertará suspicacia generalizada en torno a las empresas y fomentará las “demandas extorsionistas”. Fotos parlament.ch

Enconados debates en el Parlamento

La iniciativa estremeció al mundo de la economía, que advierte en ella una amenaza a sus operaciones globales y a la libertad empresarial. Entre la población, en cambio, despertó mucha simpatía, según revelan las encuestas. A continuación se desataron en el Parlamento Federal enconados debates en busca de una propuesta de compromiso. El Consejo Nacional quería apoyar a los promotores de la iniciativa y establecer nuevas reglas de responsabilidad en la legislación sobre las sociedades anónimas, con lo que se habría cumplido la exigencia básica de la iniciativa.

Sin embargo, el Consejo de los Estados se opuso y una mayoría consideró que semejante regulación era innecesaria y perjudicial para la economía. Finalmente, ambas cámaras del Parlamento acordaron una contrapropuesta indirecta, menos drástica, que se limita a un simple deber de información: las empresas sólo deberían comunicar en sus informes de actividades las medidas que implementan para cumplir su obligación de obrar con diligencia. Esta regulación es equiparable a la rendición de cuentas en la Unión Europea (véase el recuadro) y entraría en vigor automáticamente en caso de rechazarse la iniciativa.

Tanto los partidarios como los opositores de la iniciativa (aquí una de sus pancartas) llevan a cabo intensas campañas. Foto Keystone

“Una simple coartada sin efecto”

Dick Marty, Copresidente de la iniciativa “Multinacionales responsables”, califica esta contrapropuesta de “simple coartada sin efecto”. El ex fiscal del Tesino y Consejero de los Estados por el PLR recalca: “Todos sabemos que son los grandes grupos empresariales sin escrúpulos los que más publicitan su imagen en folletos de papel cuché”. Sólo cuando las violaciones de los derechos humanos sean sancionadas “las grandes empresas se comportarán como es debido”, advierte Dick Marty, quien adquirió renombre internacional como ponente especial del Consejo Europeo en materia de derechos humanos.

En el ámbito económico y en los partidos conservadores, los opositores a la iniciativa consideran que ésta va demasiado lejos. Por ejemplo, la Consejera de los Estados de Lucerna por el PDC, Andrea Gmür, critica la “inversión de la carga probatoria”. La obligación para las empresas de demostrar su inocencia en caso de demanda va en contra de los principios del Estado de derecho y fomentaría las “demandas extorsionistas desde el extranjero”. “Las grandes empresas no deben ser objeto de suspicacia generalizada”, afirma la política, que es miembro de la junta directiva de la Cámara de Industria y Comercio de Suiza central.

Un otoño de intensa actividad

Es probable que la campaña se intensifique a principios de octubre, tras el gran domingo de votaciones del 27 de septiembre (véase Panorama 4/2020). Los promotores de la iniciativa cuentan con el apoyo del PSS, de los Verdes y de un comité ciudadano integrado por miembros de todos los partidos. Además, la creación de comités locales en pueblos y barrios debería favorecer la participación de voluntarios de la sociedad civil.

En el bando contrario, la poderosa asociación Economiesuisse coordina la campaña por el “No”. Se esforzará por corregir la imagen de las grandes compañías acusadas de carecer de escrúpulos y por resaltar el papel que desempeñan las empresas suizas al contribuir a la creación de empleos en los países en vías de desarrollo.

Sitio web de la iniciativa: https://konzern-initiative.ch

Sitio web de la alianza por el No: https://leere-versprechen-nein.ch/

La diligencia debida en otros países

En la Unión Europea (UE), las empresas deben rendir cuentas, desde 2018, sobre la manera en que velan por el medioambiente y el respeto de los derechos humanos. No obstante, existe la posibilidad de que la Comisión de la UE endurezca la directiva correspondiente. También aumentan las voces que exigen una ley sobre la cadena de suministro, lo que obligaría a las grandes compañías a evitar los riesgos en este campo. En Alemania, tras el poco éxito que tuvo un plan de acción voluntario, el gobierno anunció a fines de 2019 una posible “ley sobre la cadena de creación de valor”. En Francia rige desde 2017 una ley de diligencia debida, que también establece el derecho a exigir responsabilidad. Otros países europeos planifican leyes con exigencias similares a las de la directiva de la UE. En 2019, el Tribunal Supremo del Reino Unido consideró admisibles demandas en contra de empresas que habían violado los derechos humanos a través de sus filiales en el extranjero.

 

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