Expulsiones sin compromiso

La UDC se mostraba muy desconfiada frente a la llamada «Bundesbern» o “Berna federal”, porque suponía que la iniciativa popular aprobada en noviembre del 2010 “en pro de la expulsión de los delincuentes extranjeros” no se aplicaría al pie de la letra; por tal motivo anunció, apenas seis meses después del plebiscito, el lanzamiento de una Iniciativa de Aplicación. Este proyecto de ley se decidirá en las urnas el 28 de febrero, con lo que la Ley de Aplicación, si es aprobada, será inmediatamente incorporada a la Constitución y aplicada directamente. Con ello se limitaría considerablemente el margen de actuación del Parlamento y, según varios expertos, también se vulneraría el principio de separación de poderes.

La UDC se muestra implacable, pese a que el Parlamento, sometido a la presión de la Iniciativa de Aplicación, ha aprobado una ley con numerosas concesiones a los iniciadores: el derecho penal se ha endurecido considerablemente en materia de expulsión de los delincuentes extranjeros, y ahora es prácticamente idéntico a la Iniciativa de Expulsión de Delincuentes Extranjeros. La única reserva es que, con una cláusula para casos extremos, el Parlamento pretende respetar el principio de proporcionalidad. Esta cláusula permite al tribunal, en ciertos casos, renunciar a la expulsión del país de un criminal extranjero, si ésta pone al afectado en una situación personal grave. Para la UDC está claro que la enmienda legislativa aprobada por el Parlamento conducirá a consolidar la hasta ahora “laxa práctica de expulsiones del país”, como puede leerse en la página web del partido, y que los tribunales encontrarán siempre una buena razón para impedir una expulsión.

Los detractores advierten que de aprobarse la Iniciativa para la Aplicación se afectarían las relaciones entre Suiza y la UE, porque el plebiscito aspira explícitamente a estipular la prevalencia del derecho nacional sobre el internacional. Si se tratara, por ejemplo, de expulsar del país a un ciudadano de la UE por una infracción menor, se vulneraría el Acuerdo sobre la Libre Circulación de Personas con la UE. La aprobación de la Iniciativa de Aplicación tendría asimismo repercusiones que irían mucho más allá del derecho penal. Además, esta iniciativa rompe con una práctica hasta ahora generalmente reconocida: las iniciativas populares apenas se aplicaban con todo su potencial y el Parlamento solía esforzarse por implementar una Ley de Aplicación que considerara tanto el núcleo del proyecto de los iniciadores, como otras condiciones generales – una práctica muy acorde con la cultura federal del compromiso.