Un no sorprendentemente claro a la Iniciativa de Aplicación

Los electores concedieron gran importancia a los comicios del 28 de febrero, especialmente a la Iniciativa de Aplicación de la Unión Democrática del Centro (UDC), como lo revela sin lugar a duda la tasa de participación del 63,1%, la más elevada desde las votaciones sobre el EEE en 1992.

Nadie esperaba que esta Iniciativa fuera rechazada tan tajantemente por el 58,9 % de los votantes y en 20 cantones. Todavía a finales de enero, según sondeos oficiales la mayoría estaba a su favor.

Más de un millón de francos recaudados

A este cambio radical de opinión contribuyó una campaña sin precedentes, en la que participaron tanto artistas como ex Consejeros Federales, parlamentarios, jóvenes, más de 150 catedráticos suizos de Derecho, e incluso obispos. Se recaudaron más de 1,2 millones de francos a través de la financiación colectiva, lo que permitió a los opositores estar tan presentes en los medios como los partidarios de la UDC. Los argumentos contra la Iniciativa eran muy variados y la movilización del electorado fue determinante. También es posible que la tendencia de la UDC al aislamiento haya resultado inquietante para un número cada vez mayor de ciudadanos, ya que con sus reivindicaciones, el partido pone en tela de juicio las bases del Estado de Derecho, como es la separación de poderes.

La noche posterior a los comicios, la Ministra de Justicia y Consejera Federal Simonetta Sommaruga habló de un voto en defensa del Estado de Derecho. Que los electores se hayan negado a “asumir el papel del Parlamento y de los Tribunales” es “señal de madurez y de mayoría de edad democrática”, declaró la Ministra.

Muchas más expulsiones

Tras el “no” a la Iniciativa de Aplicación entrará ahora en vigor la Ley aprobada por el Parlamento sobre la Iniciativa de Expulsión, aprobada por el pueblo en noviembre de 2010. Esto ocurrirá a más tardar a principios de 2017, dice la Consejera Federal Sommaruga. En concreto, según esta ley, los extranjeros que hayan cometido delitos graves serán expulsados automáticamente del país. Independientemente de la pena impuesta, la expulsión tendrá una vigencia de 5 a 15 años. No obstante, los Tribunales podrán excepcionalmente renunciar a la expulsión si ésta pone al extranjero en una situación personal grave. La UDC ha anunciado que vigilará de cerca la aplicación de estas excepciones. Según la UDC, el número de expulsado(a)s se elevará a unos 4 000 al año, frente a los 500 actuales.