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  • Sociedad

“La contribución es un gesto de solidaridad”

21.09.2018 – Marc Lettau

Luzius Mader* trabajó para la Confederación como encargado del expediente “Medidas asistenciales coercitivas”. En términos generales, su balance provisional es positivo.

“Panorama Suizo”: Hasta 1980, el Estado suizo causó sufrimiento a muchos niños. ¿Usted está satisfecho con lo que se ha logrado en materia de reparación?

Luzius Mader: Sí, muy satisfecho. Sobre todo, porque al contrario de lo sucedido en tentativas anteriores, finalmente se ha logrado poner en marcha el proceso político de atención a las víctimas. Este proceso político ha concluido, mientras que la parte científica y la individual todavía no han terminado.

Usted tuvo que encontrar soluciones que pudieran implementarse a nivel político. ¿Considera que la implementación política puede ser suficiente para las víctimas?

Como queríamos lograr algo concreto, era necesario tener en cuenta el entorno político. Otro fracaso hubiera sido desastroso.

Ustedes se reunieron con las víctimas en una mesa redonda para dialogar. ¿Resultó difícil?

Lo importante era que por primera vez estábamos haciendo un esfuerzo por crear un ambiente de mutua confianza. Al principio se hablaba de culpables y víctimas. No obstante, dejé claro que ahí no había víctimas ni culpables, sino personas que de forma conjunta querían contribuir a superar el pasado.

Sin embargo, para muchos la perspectiva siguió siendo la misma: tenían que presentar al torturador —es decir, al Estado— su solicitud como víctimas.

No podía ser de otra forma. Alguna institución estatal tenía que asumir la tarea. Esto también es verdad: el Estado debe plantarse por sí mismo y decir que se ha cometido una injusticia y que, por lo tanto, quiere asumir la responsabilidad. Esto es fundamental.

Podrían haber reclamado el estatus de víctima hasta 20 000 personas. Han llegado 9 000 solicitudes.

Esto está en consonancia con nuestras expectativas. Esta cifra también demuestra que los obstáculos para presentar la solicitud no eran insuperables para las víctimas.

Las víctimas reconocidas reciben 25 000 francos suizos: ¿puede este importe “reparar” una vida llena de perjuicios?

No. Yo siempre evito hablar de indemnización o reparación. La contribución es un gesto de solidaridad. Un gesto necesario, porque un certificado escrito del estatus de víctima no es suficiente. Muchas víctimas también lo han entendido así. Prueba de ello son las numerosas cartas de agradecimiento.

Quien vive de la ayuda social porque sigue sufriendo por su doloroso pasado, seguirá haciéndolo, ¿no cree usted?

Exacto. Con 25 000 francos suizos no se pueden cambiar mucho las condiciones de vida, sobre todo porque muchos de los beneficiarios ya son de avanzada edad. No obstante, el importe está exento de impuestos, por ejemplo, no conlleva una reducción de las prestaciones complementarias. En este caso, el Estado no debe dar con una mano y quitar con la otra.

Hasta ahora, quien ha tomado cartas en el asunto es la Confederación. Sin embargo, las medidas que causaron el sufrimiento a las víctimas las aprobaron los municipios y los cantones. ¿Significa esto que ellos se han librado de pagar?

No, en absoluto. Los municipios y los cantones también han aportado mucho ya, por ejemplo, facilitando sus archivos o creando centros de asistencia. Además, algunos municipios, como Berna y Köniz, han aportado sustanciosas contribuciones al fondo de emergencia. Además, hasta ahora, ocho cantones han hecho aportaciones a la financiación de la contribución de solidaridad. El hecho de que participen es más importante que el importe.

Usted se jubiló a finales de mayo, por lo que ya no es Director Suplente de la Oficina Federal de Justicia. Entonces, ¿para usted este asunto ha concluido?

Seguiré ocupándome del asunto. Continuaré presidiendo la comisión asesora que se encarga de las contribuciones solidarias y seguiré defendiendo los intereses de la Confederación en la labor científica.

* Luzius Mader, Director Suplente de la Oficina Federal de Justicia, dirigió la mesa redonda a favor de las víctimas de las medidas asistenciales coercitivas.

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